Venezuela, según los datos del Padrón de Residentes en el Extranjero (PERE) del Reino de España, a fecha 1 de enero de 2011, en Venezuela residen 173.456 ciudadanos españoles, siendo Venezuela el tercer país en número de españoles, detrás de Argentina (345.866) y Francia 189.909. Hoy en día se permite legalmente la doble nacionalidad entre ambos países.
El Gobierno español se ha pronunciado, por fin, sobre lo que está sucediendo en Venezuela. Tras semanas de silencio, lo ha hecho a través de su ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel García-Margallo, requerido por los periodistas en una rueda de prensa; y del secretario de Estado de Cooperación y para Iberoamérica, Jesús Gracia, en una comparecencia ante el Senado.
En ambos casos, sus declaraciones han estado precedidas por la cautela y exentas de críticas a la actuación del Gobierno de Nicolás Maduro, que, entre otras cosas, ha reprimido sin contemplaciones a los manifestantes y ha llevado a cabo detenciones de destacados opositores.
A lo más que han llegado los dirigentes españoles es a genéricas demandas de respeto de los derechos humanos y de los deseos de las minorías. El Ejecutivo es consciente de que Maduro espera la más mínima crítica de países como Estados Unidos o España para lanzar sus proclamas antiimperialistas, y prefiere evitar un nuevo problema. Aún recuerda García-Margallo la reacción furibunda de Maduro cuando tímidamente se ofreció para mediar en su disputa con Henrique Capriles sobre el recuento de los últimos comicios en Venezuela. “Saque sus narices de Venezuela”, fue la diplomática respuesta del heredero de Hugo Chávez.
El ministro ha preferido hablar de la hermandad entre los dos países y los dos pueblos, y ha recordado que hay casi 200.000 españoles residiendo en Venezuela y unas cuantas empresas españolas trabajando allí. Así que ha lamentado “el uso de la violencia” y se ha remitido a las declaraciones de la Alta Representante para la Política Exterior Europea, Catherine Ashton, quien hizo un “llamamiento a la calma, a la contención y al respeto a los derechos humanos y las libertades básicas de expresión, reunión y manifestación pacífica”. Después, ha aludido al llamamiento al diálogo entre todas las fuerzas políticas, hecho por la Celac y Unasur.
ABC